La Generalitat de Cataluña sufragará con fondos públicos la exhumación de fosas donde haya «indicios» o «pruebas documentales» de localizar a personas desaparecidas en la Guerra Civil. Así lo adelantó el consejero de Interior y Relaciones Institucionales del gobierno catalán, Joan Saura, cuyo departamento pondrá a información pública esta semana el «Anteproyecto de ley sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista», para que las entidades, particulares y administraciones que lo deseen puedan presentar alegaciones.
El objetivo es que el gobierno catalán dé luz verde al proyecto de ley durante el próximo mes de enero y que el Parlament, «por consenso», apruebe después del verano la que será la primera ley de este tipo en el España. En declaraciones a Efe, Saura señaló que «el objetivo prioritario es señalizar y dignificar las fosas que hay en Cataluña, en lo que será una forma de cerrar una parte de las heridas abiertas en momentos muy tristes de nuestra historia, porque aún hay desaparecidos de la Guerra Civil y de la época de la dictadura que reposan de una forma indigna».
151 fosas, 9.000 desaparecidos
La Generalitat calcula que en Cataluña hay 151 fosas, en las que podrían estar enterrados alrededor de unos 9.000 desaparecidos, en su mayoría soldados anónimos fusilados en el último tramo de la Guerra Civil española. La administración catalana elaborará un mapa de fosas y un «Censo de Personas Desaparecidas», un registro administrativo de carácter público que, no obstante, estará regulado bajo la ley de protección de datos personales.
Según el anteproyecto, sólo podrán pedir una exhumación las entidades dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y los familiares directos de los desaparecidos, concretamente cónyuges o parejas, descendientes directos, parientes consanguíneos o por adopción hasta un tercer grado. Una comisión asesora se encargará de establecer los criterios para recomendar una exhumación, decisión que en última instancia recaerá en la administración autonómica. La comisión estará formada por 14 personas: cinco designadas por la Generalitat, dos por los municipios, cinco por expertos y dos más designados por entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la Memoria Histórica.
Una de las cuestiones más delicadas es que la Generalitat contempla que en el caso de que los terrenos a intervenir sean de privados, se debe solicitar el consentimiento de sus propietarios, pero que en caso de que no obtenerse, se «puede autorizar la ocupación temporal, previa audiencia de las personas titulares de los derechos afectados y con el establecimiento de la indemnización correspondiente».